Dentro del
ámbito de la educación, el abandono escolar temprano es una de las principales
preocupaciones. Cuyo objetivo de reducción no es exclusivo de las políticas educativas
de España, sino que tiene su origen en las más importantes e influyentes organizaciones
institucionales a nivel internacional, como la UNESCO, la OCDE y la Unión
Europea, que han situado la reducción de este problema como una estrategia clave
para frenar la exclusión social y evitar, así, la lógica pérdida de eficiencia
de la inversión educativa.
Tanto es así que
la Comisión Europea ha incluido el indicador de abandono escolar temprano en
sus programas de reformas estructurales, con el objetivo de que éste se vea
reducido por debajo del 10% en el año 2020. Esto se debe a la concepción
compartida de que el abandono escolar temprano supone un problema que
condiciona la formación de capital humano y su repercusión en la economía y
que, por tanto, tiene unos costes en términos de competitividad, al considerar
que la posición estratégica de la economía de la Unión Europea debe basarse en
priorizar el conocimiento como fuente principal de crecimiento económico.
Desde hace años, España presenta unos datos
alarmantes, con unas tasas de abandono escolar temprano que doblan la media
europea de forma persistente. El caso español es de especial singularidad,
puesto que presenta unas amplias diferencias regionales. En este sentido,
cuenta con comunidades autónomas como País Vasco y Navarra, con niveles en
torno a la media europea; mientras que varias comunidades de la mitad sur han
presentado históricamente niveles superiores al 30% - 35%.
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